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20 octubre, 2017

RECLAMAR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En este artículo abordaremos los requisitos necesarios para poder exigir la indemnización de un daño provocado por las acciones u omisiones derivadas de las Administraciones Públicas.

Éste derecho se encuentra recogido en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que determinan

“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”

Requisitos

Para que pueda ser exigible la responsabilidad patrimonial de la Administración, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2005 determina los requisitos necesarios que el daño causado debe cumplir, cuyo contenido literal es:

“1.º) Realidad de un resultado daños incluyéndose en el daño el lucro cesante, es decir, tiene que ser un daño efectivo.

2.º) La antijuridicidad del daño o lesión la calificación de este concepto viene dada tanto por ser contraria a derecho la conducta del autor como, principalmente, porque la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, cuestión necesitada de ser precisas en cada caso concreto.

3.º) Imputabilidad de la actividad daños a la Administración, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece.

4.º) El nexo causal directo y exclusivo entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, y, el daño debe ser consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa, siendo esta exclusividad esencial para apreciar la relación o nexo causal directo o inmediato entre lesión patrimonial y el funcionamiento, no procediendo la indemnización si ha intervenido otra causa.”

 

indemnización administración pública

 

Los casos más frecuentes en los que se puede exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración son:

1-Responsabilidad patrimonial derivada de un error o negligencia médica*.

2-Responsabilidad patrimonial derivada de un accidente provocado por el mal estado de la vía pública.

3-Responsabilidad patrimonial causada a un funcionario público.

4-Responsabilidad patrimonial derivada del carentes o defectuosos mantenimiento de los Organismos Públicos ocasionando lesiones.

5-Responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento de la Administración de Justicia.

Procedimiento para solicitar la indemnización:

En cuanto a la iniciación del procedimiento, es preceptiva a la vía judicial, agotar la vía administrativa, regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comenzando con la presentación de la solicitud, cuyo contenido mínimo debe ser el establecido en el artículo 66, que establece,

  1. a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
  2. b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
  3. c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
  4. d) Lugar y fecha.
  5. e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
  6. f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

Una vez presentada la solicitud adjuntando todos los documentos que acrediten las lesiones que se han producido y su causa, es la Administración competente tiene de plazo 6 meses, salvo ampliación por causa justificada, para resolver si estima o desestima la reclamación así como su respectiva indemnización.

Esta resolución puede ser de manera expresa o por silencio administrativo, es decir la Administración puede dictar una resolución que deniegue la indemnización parcial o totalmente, y por lo tanto  ya podremos dirigirnos a la vía judicial. O puede que la Administración no resuelva expresamente y se entienda resulta la reclamación por silencio administrativo recogido en el artículo 24 de la Ley 30/2015 de 1 de Octubre, que en estos casos se entiende que es negativo, es decir, desestimada la reclamación.

Plazo:

El plazo prescribe al año a contar desde que se ha producido el hecho exigible de indemnización, a excepción de que se hayan producido daños de carácter físico o psíquico que comenzará a contar desde la fecha del alta o la curación de las lesiones. (Artículo 67 Ley 39/2015, de 1 de octubre).

 

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