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30 marzo, 2017

IRPH Y DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA (II)

Hasta la fecha de este artículo, la gran mayoría de procesos judiciales por IRPH han finalizado con la declaración de abusividad del índice, lo que ha provocado que en algunos préstamos hipotecarios se pasará  a aplicar el índice sustitutivo, el Euribor más un punto o que se llegara a dejar el préstamo libre de intereses. Pero no por ser un índice especialmente “caro” para el deudor, sino porque nos encontramos ante una cláusula principal del contrato que a la que se adhiere el consumidor, por ello debe respetar la forma de incluirla y de que el consumidor firme dicho contrato.

Para introducirnos en materia, comenzaré citando la sentencia que es referencia en estos asuntos, es la Sentencia del Tribunal Supremo nº 241/2013 de 9 de Mayo de 2013, que nos explica que este tipo de cláusulas no son ilícitas de por sí, si no que pueden llegar a serlo si no guardan ciertas formalidades. Además fija unos criterios de atribución y carga procesal de la prueba que son importantes destacar:

“a) La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar.

b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario.

c) Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios.

d) La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario.”

 

OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO

Se ha discutido si la cláusula IRPH era una condición principal del contrato o no, ya que por las entidades financieras se alegaba que los juzgados y tribunales no podían entrar a conocer sobre el IRPH al ser parte del precio del contrato de préstamo hipotecario. Es decir, que lo que venían a defender las entidades financieras es el hecho de que el consumidor no podía demandar para que se modificara el precio del contrato convenido.

Dado que nos encontramos a una condición equiparable a las famosas cláusulas suelo, podemos traer a colación respecto a la consideración de la cláusula suelo como condición principal del contrato, la STS nº 241/2013 de fecha 9 de mayo de 2013, utilizada, por ejemplo, por la Audiencia Provincial de Álava en su Sentencia 85/2016 de 10 de marzo de 2016 y la Sentencia 188/2016 de 31 de Marzo de. El TS sostiene en la citada sentencia lo siguiente:

“189. En el caso sometido a nuestra decisión, las cláusulas suelo forman parte imprescindible del precio que debe pagar el prestatario. Definen el objeto principal del contrato.

190. En consecuencia, debe confirmarse en este extremo la sentencia recurrida: las cláusulas suelo se refieren al objeto principal del contrato y cumplen una función definitoria o descriptiva sencial.”

Pues bien, si entendemos el IRPH como si de una cláusula suelo se tratase, como sostienen la A.P. de Álava en los fundamentos de las sentencias citadas anteriormente, el juzgador podría entrar a valorar la información que se facilitó al consumidor y si llegó a comprender el contenido de la cláusula por la que se establecía el índice aplicable.

 

IRPH CONTROL

 

DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA

Confirmado el hecho de que nos encontramos ante una condición esencial del contrato, independientemente de que por nuestra regulación civil el contrato de préstamo sea gratuito por naturaleza, nos queda centrarnos en el DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA, que como bien explica el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Mataró en su reciente Sentencia 36/217 de 10 de febrero de 2017, “comprende el control de inclusión, la información que se le dio al cliente, y el control de comprensibilidad, si llegó a entender el contenido de la cláusula y lo que significa”. La misma sentencia nos indica que el control de transparencia tienen como objeto “que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga jurídica que incorpora el contrato como la carga económica que supone para él, esto es, pueda conocer y prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que se deriven del contrato y sean de su cargo”.

Por lo que, para atender a los criterios fijados por el TS (entre otras en la ST 9 Mayo 2013 y de Septiembre de 2014, ST) ,  y el TJUE (entre otras en la STJUE 30 abril 2014 y STJUE 21 de marzo de 2013), además de que guarde una correcta forma gramatical con suficiente información suministrada al consumidor, debe llegar a poder entender las consecuencias de esa cláusula, es decir, que repercusión económica tendrá la incorporación del IRPH en su contrato de préstamo hipotecario.

En este punto son de vital importancia los siguientes artículos:

  • Art. 5.4 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación: "La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez."
  • Art. 7 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación: "No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5. b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato."
  • Art. 80.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: "En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido.(...)"

 

ABOGADOS BANCARIOS

 

CONTROL DE TRANSPARENCIA DEL IRPH EN MURCIA

El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Murcia, dictó Sentencia nº 248/2015, teniendo como base jurídica principal la STS de 9 de Mayo de 2015,  expone en su Fundamento de Derecho Sexto lo siguiente:

“Vista la regulación contenida en la reciente STS, procede aplicar dicha doctrina al caso concreto que se enjuicia en el presente procedimiento, pues como se dijo en anteriores fundamentos, la función que realiza la cláusula de interés IRPH de cajas de ahorro es similar, pues supone un interés mucho más alto que el derivado del euribor, en cuanto no oscila con tanta facilidad y es más bien un interés casi fijo. Y del análisis de la escritura de préstamo hipotecario de fecha 9 de mayo de 2006, se desprende que las cláusulas de índice de referencia IRPH de cajas de ahorro allí referida, no supera el control de transparencia establecido en la comentada STS y, por lo tanto, procede la declaración de su nulidad.

Y lo anterior se afirma ya que la cláusula suelo impugnada no se cumplen el resto de requisitos previstos por la comentada STS para considerar que la cláusula es transparente, y, por tanto, lícita, así:

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

b) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

c) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.”

Continúa la sentencia del juzgado murciano aludiendo a la Sentencia nº66/2015 del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona, de fecha 17 de marzo de 2015, pues consideró abusiva una cláusula de IRPH por estos motivos:

“no consta facilitada a los prestatarios la información precisa para conocer la influencia que tema la prestamista sobre la conformación del índice de referencia del interés variable que iba a aplicarse a partir del segundo arlo de eficacia del contrato, teniendo en cuenta, además, que su duración era muy extensa, treinta y tres años, de modo que eran datos decisivos. La información precontractual ni siquiera consta, pues no se ha hecho ninguna alegación al respecto. Aunque se alega que se ha negociado, tal alegación precisa prueba, que conforme al tercer párrafo del art. 10 bis 1 LGDCU, compete al predisponente. No ha acreditado la parte demandada que los consumidores que se subrogaron en la escritura de préstamo hipotecario de 13 de Julio de 2000 y por ende en la cláusula tercera bis controvertida, recibiesen oferta vinculante. Tampoco se aporta documental alguna que acredite que se les facilitó a los consumidores diferentes simulaciones o escenarios respecto al tipo de interés que se insertaba en dicha cláusula ni que se realizase comparativa alguna respecto al funcionamiento o repercusión económica de otros tipos de interés alternativos.

No consta la aportación de información suficiente a los demandantes ni de prueba alguna que certifique el ofrecimiento de alternativas en cuanto al tipo de interés, comparativas o información o análisis detallado del funcionamiento de la cláusula insertada en el contrato y prerredactada por la entidad financiera”.

 

Espero que este artículo muestre en qué debemos fijarnos para poder tener seguridad antes de reclamar por la abusividad del índice impuesto. Atreviéndome a decir que pocas escrituras hipotecarias superarían el control de transparencia exigido por la normativa y jurisprudencia de aplicación.

 

Eduardo Avilés Aranda

 

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